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"Necesitamos garantizar la acogida de las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y apátridas"

Patricia Bárcena

Los impactos de la pandemia para las personas que buscan protección han sido múltiples y se han manifestado en diferentes situaciones. La declaración de estados de alarma ha supuesto el cierre de las fronteras de los distintos países y, en consecuencia, se han cerrado todas las vías seguras para poder huir, perpetuándose las violencias, en origen o tránsito, que afectan de manera mas acuciante a las mujeres. Se han incrementado expresiones y posiciones gubernamentales que, bajo la excusa de la lucha contra el coronavirus, ponen en riesgo a las personas defensoras de derechos humanos en países como Colombia, El Salvador u Honduras, entre otros muchos. Y para quienes ya habían logrado llegar a un lugar seguro, como los pueblos y ciudades de Euskadi, la pandemia ha sido un duro golpe. Quienes estaban en proceso de reconstrucción de sus vidas, han visto como el miedo volvía a invadirles.

En general, la incertidumbre y la falta de expectativas de cara al futuro están originando estados depresivos, de impotencia e indefensión entre las personas refugiadas. Pero también, muchas de estas personas acostumbradas a lidiar con la desgracia, la violencia, la persecución, y la huida, hace que cuenten con un aprendizaje vital que les proporciona unas capacidades especiales de superación, y que las convierte para la población en general, en un nuevo ejemplo de adaptación y resiliencia.

En este contexto, a nivel estatal, es imprescindible garantizar el acceso al procedimiento de protección internacional con todas las garantías a las personas que lo necesiten. El principio de no devolución ha de seguir aplicándo se. Se han de garantizar unos estándares de calidad adecuados a lo largo de todo el procedimiento de protección internacional. Es fundamental, además, evitar que se produzcan dilaciones excesivas, tanto en la formalización de las solici tudes de asilo, como en las instrucciones y resoluciones de las mismas. Poner en marcha medidas de regularización extraordinaria con el fin de garantizar los derechos de las personas extranjeras en el Estado español y la articulación de un nuevo modelo de gestión migratoria flexible, ágil y eficaz que permita a las personas migrantes y solicitantes de asilo denegadas acceder a un estatus legal regular.

A nivel de Euskadi, necesitamos garantizar la acogida e integración de las personas solicitantes de protección internacional, refugiadas y apátridas. Garantizar que todas las personas solicitantes, beneficiarias de protección internacional y apátridas que llegan a Euskadi puedan acceder a los derechos, servicios y recursos públicos, con independencia de su origen y la vía de entrada que hayan tenido, atendiendo a sus necesidades específicas. Establecer criterios de acceso a vivienda pública en los que puedan entrar personas beneficiarias, solicitantes de protección internacional y apátridas que encuentren dificultades acreditadas en el acceso al mercado inmobiliario normalizado.

Facilitar al acceso a la formación y búsqueda activa de empleo, a través de formación adecuada, pública y gratuita tanto para la adquisición de los idiomas locales como para poder continuar con formaciones que mejoren sus posibilidades de acceso al empleo en el futuro. Facilitar acceso a la red de atención de salud mental o a dispositivos grupales de trabajo psicológico que faciliten que las personas se recuperen de las situaciones traumáticas de las que vienen. Y, por último, promover la convivencia en la diversidad.

 

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