Infancia, un asunto de todos

Elsa Fuente

Los inicios de curso siempre resultan un buen momento para poner en práctica aquellas mejoras que, allá por el mes de junio, intuíamos que nos resultarían necesarias. Ocurre en todos los ámbitos de la vida. Septiembre es inicio de curso escolar, pero también la fecha para redoblar esfuerzos persiguiendo un objetivo. En el caso de UNICEF proteger los derechos de todos los niños y niñas del mundo.

UNICEF Comité País Vasco finalizó el pasado curso con la presentación del informe “Situación de la infancia y adolescencia en Euskadi. Hacia un Pacto Vasco por la infancia y la adolescencia”. Un trabajo exhaustivo y profundo que venía a poner en valor datos, informes y estadísticas oficiales, y pasarlas por el tamiz de los derechos de la infancia: ¿de qué hablamos cuando hablamos de bienestar infantil y qué indicadores serían necesarios para medirlo?

UNICEF se centró en 36 indicadores agrupados a su vez en 7 dimensiones: Educación, salud y seguridad, bienestar material, infancia vulnerable y acceso a los servicios sociales, estilos de vida, bienestar subjetivo y, por último, gasto en políticas relacionadas con la infancia. Conociendo los valores tras estas dimensiones, se estaría más cerca de una fotografía que reflejara de manera fehaciente la realidad de la infancia y la adolescencia en Euskadi.

Sin lugar a dudas y haciendo un esfuerzo de síntesis, la respuesta a la pregunta de ¿cuál es la situación de la infancia y adolescencia en Euskadi? debería ser “relativamente buena”. Disfruta de unas condiciones de vida razonablemente satisfactorias, especialmente cuando se comparan con el resto de las comunidades autónomas del Estado.

Sin embargo, nunca hay que olvidar que un niño, niña o adolescente pasa a ser vulnerable en el momento en el que sus necesidades básicas no puedan ser cubiertas por las personas encargadas de su cuidado y sus derechos no están garantizados. De ahí que situaciones ajenas a la vida de un niño, niña o adolescente, como en principio podría ser el desempleo, acabe por afectarles si sus padres no son capaces de permitirse, por ejemplo, 4 o más recursos básicos tales como pagar puntualmente los recibos, mantener la casa caliente; comer carne, pollo o pescado al menos 3 veces por semana o la imposibilidad de afrontar gastos repentinos.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe, es precisamente, la constatación del cambio en el perfil de personas vulnerables en Euskadi: el riesgo de pobreza se ha desplazado de las personas mayores, hacia las personas más jóvenes y familias con hijos/as. Por eso desde UNICEF Comité País Vasco entendemos que si hay una vía para atajar esta vulnerabilidad, debe pasar por un Pacto por la Infancia y la Adolescencia, que entre otras cosas, incluya una firme apuesta por desarrollar la Estrategia Vasca de Inversión en las Familias y en la Infancia, que dé coherencia a todas las políticas, programas y servicios para la infancia y adolescencia, desde una perspectiva de cumplimiento de los Derechos del Niño y que establezca prioridades y metas medibles y temporalizadas basadas en las necesidades específicas de la infancia y adolescencia.

El principal reto de las políticas públicas vascas en materia de infancia es la desigualdad económica que se produce dentro del propio colectivo infantil, haciendo que sus oportunidades y condiciones de vida estén muy vinculadas al estatus socioeconómico de sus familias, perpetuando, en muchos casos, una pobreza intergeneracional difícil de romper. Debe ponerse el acento en un enfoque de equidad y no dejar a nadie atrás.

Es imprescindible situar a la infancia y adolescencia en el centro de las políticas públicas, partiendo de que los niños, niñas y adolescentes son un asunto de todos y todas: de ellos mismos, de sus familias, de las instituciones y de la sociedad en su conjunto.

También se hace necesario revisar el modelo social de apoyo a las familias con hijos menores a cargo, dando un nuevo enfoque a los sistemas generales de servicios; prestaciones que tiendan a la universalidad; transferencias públicas; impuestos y desgravaciones fiscales a las familias de manera que puedan proporcionar una mayor protección a niños, niñas y adolescentes. Solo así se lograría un mayor impacto en la reducción real de la inequidad y de la pobreza infantil. Una protección integral a través de políticas centradas en la prevención y en el fomento del bienestar infantil.

Atajar la desigualdad económica entre el propio colectivo de infancia no solo es la mejor receta para prevenir la pobreza infantil y evitar que caigan en la vulnerabilidad, sino que es el camino para lograr una sociedad plenamente desarrollada. La infancia no solo es el futuro de un país. También es su presente.