Las empresas y la generación de bienestar

Fran Azpiazu

La única manera de mantener y proteger el estado de bienestar que hemos
logrado para la gran mayoría de los que vivimos en Euskadi es contar con
empresas competitivas que crezcan y generen empleo. Este modo de vivir que
se sustenta en la corresponsabilidad y en la redistribución de la renta que
hemos creado con un gran consenso social e institucional, capacita a las
distintas administraciones a dar respuesta a las necesidades de los/as más
desfavorecidos/as.
Todo ello no sería posible si no contásemos con empresas y con
empresarios/as que son quienes consolidan nuestro bienestar.
Es importante que los/as ciudadanos/as interioricemos que la garantía,
mantenimiento y continuidad del sistema de protección que tenemos depende
directamente de que podamos contar con el soporte de un tejido productivo
que mantenga la actividad y el empleo y pueda ser capaz de garantizar su
sostenimiento.
Los ingresos que gestionan nuestras administraciones, que se dedican en una
parte importante al bienestar general (educación, sanidad, políticas
sociales, etc...), provienen de forma directa o indirecta de la actividad
empresarial, a través de los impuestos que gravan dicha actividad y a los
tributos que los/as trabajadores/as de las empresas aportan. Para que las
empresas y las personas que trabajan en ellas continúen contribuyendo a las
arcas públicas, deben seguir produciendo y vendiendo bienes o servicios en
unos mercados con una extraordinaria y creciente competencia.
Olvidamos a veces que si las empresas “no funcionan” la administración no
tendrá recursos para administrar, ni la ciudadanía tendrá Sanidad,
Educación,…
Según los datos del último Estudio sobre Dinamismo empresarial, creación de
riqueza y empleo del CES Vasco (Consejo Económico y Social) el total de las
cotizaciones muestra un valor medio entre 2009 y 2013 de 6.857 millones de
euros, de los cuales, 6.074 millones corresponden a las cotizaciones
sociales de empresas y las personas empleadas.
En relación a la financiación del Sistema Protección Social de la CAPV el
mismo estudio señala también que las cotizaciones sociales (empleador/a y
empleados/as) suponen casi el 60% de los recursos del Sistema de Protección
Social.
Debemos interiorizar, como sociedad e individualmente también, que el
bienestar que disfrutamos y las ayudas que reciben los menos favorecidos
(parados, enfermos, mayores,…) dependen de que contemos con empresas
competitivas y sostenibles.
Desde las Organizaciones empresariales nunca hemos cuestionado las políticas
de redistribución de la renta puestas en marcha por las administraciones
públicas. Es más, las apoyamos y las defendemos. Sin embargo, debemos hacer
otra reflexión sobre cuáles deben ser los límites de las políticas públicas
del bienestar social, porque no es posible atender a todas las demandas
existentes. No llega para todo. Este es un debate “incómodo” que debemos
afrontar.
No se debería, en cualquier caso, incrementar la presión fiscal de nuestras
empresas, de las más altas de Europa, puesto que limitaría seriamente su
capacidad de competir en el entorno en el que se desenvuelven, tan global y
tan difícil. No podemos olvidar que la fiscalidad, en un contexto de
globalización e internacionalización económica, puede ser o un lastre o bien
una ventaja competitiva.
Para dar respuesta a las desigualdades existentes hay que solucionar
problemas como el fracaso escolar, entre otros. Aunque en Euskadi es menor,
España es el país de la UE con mayor fracaso escolar y abandono temprano del
sistema educativo.
Nuestro alto desempleo, aún así bastante menor que en el resto del Estado,
explica también una parte fundamental de las desigualdades. El empleo no lo
crean las administraciones ni surge de la nada. Para solucionar la lacra del
paro se requiere también la adopción de políticas estructurales que permitan
una mayor actividad empresarial y una mayor creación de empresas, y por lo
tanto de generación de empleo.
Para dar respuesta a las desigualdades y a los problemas de marginación es
muy importante también impulsar la educación, a poder ser adaptada a las
necesidades del mercado de trabajo, y también la igualdad de oportunidades.
Ahora bien, nuestro sistema debe dar también mucha importancia a “los
méritos, el compromiso y a la competitividad”.
Afortunadamente en Euskadi, en el ámbito social, contamos con políticas
públicas de apoyo a los que más lo necesitan, equiparables a los países más
avanzados.
En definitiva, una de las cuestiones clave a la que la sociedad vasca debe
responder es la siguiente: ¿hasta dónde llegamos con las políticas públicas
en materia de apoyo a quienes lo requieren, sin poner en cuestión la
competitividad y la sostenibilidad de nuestras empresas?
Se trata de una cuestión clara y muy importante: no podemos dar respuesta a
las demandas crecientes de la ciudadanía si a la vez nuestras empresas no
son competitivas y sostenibles.
Hace unos días, Martin Revaillon, uno de los mayores expertos mundiales en
materia de pobreza, insistía en la idea de que ”… la pobreza la reducen los
mercados eficientes…”.
Es decir, que la política social más efectiva es aquella que es capaz de
fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo.