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Servicio de interés económico general

Ainara Arregi

En 1997 la energía se convirtió en una mercancía cuyo precio quedaba sujeto a las variaciones del mercado.Y desde 2013 ni siquiera se considera un servicio esencial, sino un servicio de interés económico general. Eso significa que la energía, un suministro imprescindible para poder desarrollar vidas dignas y para configurar toda sociedad (su modelo de producción y consumo, su economía, su geopolítica…), puede quedar fuera del alcance de los sectores sociales más vulnerables.

Y esos sectores sociales vulnerables son cada vez más amplios: en los últimos tiempos son más y más los hogares que no pueden hacer frente a las facturas de la luz, del gas o de los carburantes.

En el Estado español, el gasto en energía resulta muy elevado comparado con los ingresos en un 16 % de hogares, un 10 % de habitantes no pueden mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en invierno, un 9 % de la población ha sufrido retrasos en el pago de sus facturas y el 10 % de hogares gasta llamativamente poca energía (posiblemente, por temor a la factura). Esto quiere decir que entre 3,5 y 8,1 millones de personas, en función del indicador utilizado, se encuentran en situación de pobreza energética en España.

La situación es ligeramente mejor en los hogares navarros, y en la Comunidad Autónoma Vasca estos niveles se reducen casi hasta la mitad de los del Estado español. En los datos de Euskadi hay que tener en cuenta la posible repercusión de la Renta de Garantía de Ingresos.

Ante esta vulnerabilidad de los hogares españoles, el Gobierno ha ido tomando una serie de medidas paliativas. De entre todas ellas, el bono social es su apuesta más firme.

El bono social ofrece diferentes descuentos en la factura eléctrica a personas en situación de vulnerabilidad (25 % de reducción para consumidores vulnerables y 40 % para vulnerables severos), a quienes no se puede cortar la luz. Aunque el bono social vaya incluyendo mejoras paulatinamente, está lejos de ser una solución real: su carácter de descuento lo convierte en una medida asistencialista, casi paternalista, y, además, no llega justamente a las personas que más lo necesitan, excluidas por no poder aportar toda la documentación necesaria. 

Frente a estas falsas soluciones, existen otras: grandes o pequeñas, rompen con las lógicas que imperan en nuestro modelo energético, fomentan una nueva cultura de la energía y entienden la energía como un derecho básico y como un eje primordial para la mejora de las condiciones de vida de muchas personas vulnerables.

El sector energético requiere profundos cambios estructurales para alejarse de las lógicas de mercado, esas que aseguran grandes beneficios a las empresas privadas, y para alinearse con criterios de sostenibilidad de la vida de las personas. Por ese motivo, es necesario apostar por publificar grandes partes del sistema energético, como el transporte y la distribución de la energía (las redes que garantizan que la electricidad llega a todo el territorio en todo momento) y su mantenimiento.

Asimismo, es necesario transformar de raíz el sistema de fijación de precios de la energía. Actualmente, los precios de la energía no tienen nada que ver con los costes reales de producción; al contrario, dependen de maniobras empresariales y de los precios que ofertan las empresas. Esta medida debería ir acompañada de un nuevo sistema de tarificación: dejemos de lado medidas con tantas carencias como el bono social e instauremos una tarifa social que tenga en cuenta los niveles de consumo y de renta de las personas.

Los edificios mal aislados disparan el gasto energético. Hay que emprender una gran campaña de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de los edificios, comenzando por los hogares de las y los consumidores en mayor situación de vulnerabilidad. Eso les reportaría un gran ahorro energético.

Entre todas las medidas que podrían adoptarse, las que mayor potencial de transformación social tienen son las comunidades energéticas. Las personas que participan en ellas se implican en el conocimiento del sector energético, se empoderan y aprenden a ajustar los flujos de su consumo de acuerdo con los flujos de generación de la energía. Las comunidades energéticas brindan además la posibilidad de priorizar los cuidados y a las personas en situación de vulnerabilidad en las decisiones que toman en torno a la energía.

En definitiva, necesitamos una nueva cultura de la energía. La sociedad no debe ser simplemente receptora de energía; debe ser proactiva, estar formada y conocer el sistema, sus posibilidades y sus impactos. Necesitamos una cultura basada en un consumo ajustado a las necesidades —pero con la mira puesta en el ahorro—, en la eficiencia y en las energías renovables, de manera que el acceso a un suministro esencial, como es el eléctrico, sea equitativo para todas las personas.

MARISA CASTRO DELGADO Y MAITANE ARRI ESCUDERO Comisión de Energía de Ekologistak Martxan

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